La Constitución Española de 1978 en su artículo 31.1 establece que “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.”
Pues bien, a mi modo de ver hoy el Gobierno ha aprobado un proyecto de reforma que no cumple dichos preceptos constitucionales, pero para tampoco vamos a culparles de todos los males del universo, ningún gobierno de los últimos 25 años ha establecido unas reformas fiscales que vengan a avalar la progresividad del sistema fiscal y tributario.
Analizaremos el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que es uno de los dos grandes impuestos que se van a modificar en este proyecto.
Los medios de (des)información vienen machacando que se van a reducir los tramos de IRPF. ¿Esto es bueno o es malo? Pues la primera observación a bote pronto es que al haber menos escalones (tramos) habrá mayores desigualdades, ya que no se podrá aproximar la proporcionalidad a cada uno de los individuos. Los famosos tramos son intervalos de renta entre los que se considera que todos los valores comprendidos en su interior deberán tributar al mismo tipo impositivo, si reducimos los tramos los intervalos serán más grandes y por tanto más injustos entre los que cobran menos y los que cobran más del mismo tramo. Y claro, se hace creer que a menos tramos es más beneficioso para el ciudadano de a pie cuando realmente es todo lo contrario. Para más inri, los tramos eliminados han sido los de la parte superior de las rentas, beneficiando con ellos a los que más ganan.
Aquí el cuadro comparativo con todos los tramos actuales, y los que nos depararán con la nueva reforma.
Según un estudio de AIS Internacional anuncia que los ingresos medios de una familia son alrededor de 23.200€ anuales. Si trasladamos estos datos al cuadro comparativo observamos que actualmente estarían tributando al 30%, mientras que la esperada reforma en 2015 los tributar más, exactamente un 31% para ya el 2016 rebajarlos al 30%. Es decir, que las familias medias pierden con la reforma, primero se les incrementa respecto del actual y después se las vuelve a disminuir para acabar con el mismo tipo impositivo de antes de la reforma. Ver para creer.
Si ahora nos vamos a la parte alta de los tipos, observamos que para aquellos que ganar más de 300.000€ la nueva reforma se convierte en un auténtico chollo ya que de tributar al 52% que lo están haciendo actualmente, pasarían a tributar por el 45% en 2016.
Además, desde el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) anuncian que “los 8,8 millones de ciudadanos que cobran entre 12.450 y 33.000 euros amortiguarán el impacto de la rebaja fiscal de las grandes fortunas, con un aumento de sus tipos de entre 0,25 y 1 punto sobre la tarifa vigente”
Después de este breve análisis nos surgen otras cuestiones como, si el problema que están determinando los economistas es la falta de capacidad de recaudación por parte del Estado, ¿cómo afectará a las cuentas nacionales? La respuesta es bien sencilla, si entra menos dinero al Estado, el gobierno determinará que el gasto se reduzca “aun más”.
¿Cómo reducirá el gasto el Estado para poder cuadrar las cuentas? Fácil respuesta, recortes en educación, sanidad, pensiones, infraestructuras, etc. Al final, el dinero que se ahorre el Estado nos lo desviará a nosotros de manera indirecta,.
Un ejemplo muy fácil, si recortamos las pensiones de jubilación el Estado de manera indirecta está fomentando que las personas nos hagamos planes de pensiones privados (empresas cuyo primer objetivo es ganar dinero y tener beneficio). Así que el dinero que supuestamente nos ahorramos de por pagar al Estado para que de manera equitativa y sin ningún beneficio para el mismo gestione las pensiones, se lo damos a una empresa privada creada para ganar dinero.
¿Y qué pasa con las personas que no puedan pagar? Pues para “las cabezas pensantes” se deberían quedar fuera del sistema como unos parias.
La función del Estado del Bienestar es esa, redistribuir la riqueza entre los que más tienen hacía aquellos que menos tienen, sin dejar a nadie por el camino y marginado, según el artículo 40.1 de la Constitución “Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica“.
