El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha confirmado que el Ayuntamiento de Aielo de Malferit sigue sin cumplir con la sentencia que le condenaba por vulneración de derechos fundamentales, tras la negativa del alcalde, José Luis Juan Pínter (PP) de facilitar diferentes documentos a la oposición sobre los gastos de personal, de órganos de gobierno, desplazamientos, protocolo, o la legalidad del campo de motocros, entre otros.
En concreto, en la sentencia 293/2013, el Juzgado nº7 de lo Contencioso-Administrativo de Valencia reconocía el derecho del portavoz de la oposición, el socialista, Juan Rafael Espí, a acceder a un total de 18 documentos relativos a diversos asuntos, una sentencia que el gobierno de Pínter pretendió ejecutar de forma fraudulenta tal y como se viene a reconocer ahora por sentencia del TSJ de 7 de noviembre de 2014.
Este incumplimiento derivó en un auto del mismo juzgado contra el que el ayuntamiento apeló por decisión del alcalde, una apelación que ahora ha sido desestimada, condenando al consistorio a asumir los gastos judiciales derivados de este proceso. De este modo, la autoridad judicial vuelve a dar la razón a los socialistas, y desdice las declaraciones del alcalde en el último pleno en las que aseguró que su gobierno “facilita toda la información”, ya que ni siquiera ha cumplido aún con la primera sentencia que le condenaba por ello.
Desde el PSPV-PSOE, el portavoz socialista Juan Rafael Espí ha lamentando que el alcalde “que por su anterior profesión debería conocer muy bien la ley, y por la que tiene actualmente debería cumplirla antes que nadie, insista en una y otra vez en desafiar a la justicia con sus incomprensibles trabas para facilitarnos documentos. Él, con su negativa, es el único responsable de estas costas judiciales que se han de pagar con el dinero de todos, y lo que hace no es sino aumentar cada vez más las sospechas sobre lo que puede estar ocultando. La información que nos niega, quiera o no, ha de acabar saliendo a la luz”, señala Espí.
Los socialistas han instado nuevamente al alcalde “a respetar la normalidad democrática y permitirnos el acceso a la información a la que tenemos derecho como representantes electos de la ciudadanía, avalados varias veces por la justicia como estamos. Si insiste con su actitud sólo puede conseguir que el tema acabe por la vía penal”, advierten desde el grupo socialista.
