Tras 10 años en la Alcaldía y como presidenta del Consejo de Administración de la empresa municipal INNOVEM, Belén Esteve, declaró ayer como Imputada ante la Jueza de Instrucción Penal de Ontinyent, excusando su desconocimiento sobre la Gestión Municipal y sobre las cuentas, deudas y obligaciones legales de la empresa municipal, e intentando desviar la imputación a los trabajadores de Innovem.
Tras tres horas de declaración, Belén Esteve salió del Juzgado igualmente Imputada, y extendiendo las causas de la investigación penal a empresarios mercantiles que contrataron con Innovem la prestación de servicios urbanísticos durante años sin ningún tipo de licitación en la mayoría de ocasiones.
La exalcaldesa socialista, pese a encadenar casi tres mandatos, excusó su responsabilidad en su desconocimiento general del funcionamiento del Ayuntamiento y de la Empresa municipal, llegando a declarar que firmó pagarés para la empresa Gis Costera SL, desconociendo los servicios que se facturaban y a sabiendas de que las cuentas municipales no tenían fondos para su abono, pero que la empresa se lo pidió porque los “quería para descontárselos en el banco” porque iba mal de financiación.
Igualmente a preguntas de Su Señoría sobre el depósito de 500.000 € desaparecido de las arcas municipales, manifestó que el dinero fue ingresado en 2004 por un propietario para cuotas de urbanización del Sector Industrial 8, sector que hoy todavía está pendiente de ser iniciado, pero que desconocía qué se había hecho con ese dinero.
Es por este motivo, por lo que el actual Gobierno Municipal, no puede iniciar la ejecución de ese sector.
La exalcaldesa finalizó su declaración como imputada pidiendo que constara que la misma era una denuncia política.
A la vista de la declaración, el Gobierno Municipal de Montaverner en defensa de los intereses económicos de su Ayuntamiento, como consecuencia del reconocimiento de la manipulación de concursos públicos de adjudicación de obras efectuado por la exalcaldesa en su declaración procederá a pedir a la Juez y al Fiscal la ampliación de los hechos denunciados y de los responsables penales de los mismos a los participantes en esas contrataciones presuntamente delictivas.
