Los empresarios instaladores eléctricos, de telecomunicaciones y energías renovables de la Comunidad Valenciana, a través de sus organizaciones empresariales representativas, se han reunido con carácter de urgencia semana con los Síndics de los 
El objetivo, trasladar su disconformidad ante la propuesta de Real Decreto de Autoconsumo Eléctrico del Gobierno, y solicitar que se revise y modifique a favor de los ciudadanos y la eficiencia y el ahorro energético. Porque de no ser así, provocará la paralización del sector de los servicios, bienes de equipo, instalaciones eléctricas, eficiencia energética y ahorro en las pymes y hogares de la Comunidad Valenciana.
En esta reivindicación han aunado sinergias la Confederación de Organizaciones de la Pequeña y Mediana Empresa de la Comunidad Valenciana (CEPYMEVAL), la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL), la Federación de Asociaciones Empresariales de Instalaciones Eléctricas de la Comunidad Valenciana (FIECOV), así como sus asociaciones
miembro PYMEV, APEME, ASELEC y AIECS, y la Plataforma para el Impulso de la Generación Distribuida y el Autoconsumo Energético. Todas consideran que esta propuesta de RD:
‐ Contradice la eficiencia energética que impone la legislación comunitaria, y ha dejado al Gobierno solo defendiendo una normativa que no gusta a nadie, ni a la propia Comisión Europea, ni a la CNE y CNC porque cierra las puertas al autoconsumo
y a la generación distribuida que es el futuro en redes eléctricas inteligentes.
‐ Pone en peligro la eficiencia energética. Porque convierte a la normativa española en una de las más restrictivas del mundo, y va contracorriente de la tendencia internacional de apoyo a las energías renovables como motor económico de futuro.
Al respecto destacan que en países como Alemania, Italia, Suecia, Portugal o EE.UU se regula favorablemente el autoconsumo con y sin vertido a la red y se fomenta la implantación de estas instalaciones con paquetes de incentivos.
‐ Extorsiona el desarrollo económico y merma la libertad de elección de los consumidores. La nueva norma no resuelve además la inseguridad jurídica existente y perjudica a la competitividad empresarial al impedir que una pequeña industria o
ciudadano pueda invertir en optimizar su factura eléctrica.
‐ Paraliza la actividad de la industria fotovoltaica, eólica de pequeña y media potencia y de otras tecnologías aplicadas al autoconsumo. Tan sólo en la Comunidad Valenciana la incidencia de este Real Decreto puede afectar a más de 3.000 empresas y a 15.000 trabajadores siendo dramática la situación a la que les aboca.
‐ Penaliza el ahorro de los ciudadanos con injustos peajes. El Real Decreto introduce un “Peaje de Respaldo” o también llamado “Impuesto al Sol”. Esto supone una doble imposición por autoconsumir energía, que hace inviable cualquier instalación y que
además no tiene precedentes en la regulación en países desarrollados. España sería el único país en el mundo en aplicarlo. Introduce también unas sanciones desproporcionadas al autoconsumo de hasta 60.000.000 euros que contradicen el
principio de equidad de las leyes.
‐ Es discriminatorio para el usuario con respecto a los demás consumidores y con la aplicación de sistemas de eficiencia y obliga a tener un contrato con las empresas eléctricas, que pueden imponer sus condiciones.
‐ No tiene ningún soporte económico, ya que los ingresos del Estado por realizar este tipo de instalaciones son muy superiores a los ingresos por los Kw/h no consumidos al instalar autoconsumo y por tanto queda garantizada la aportación de una instalación de autoconsumo al famoso déficit tarifario siempre que no se aplique el “Peaje de Respaldo” o “Impuesto al sol” que hace inviables las instalaciones tanto domesticas como industriales.
‐ No tiene ningún soporte técnico, porque la incidencia del autoconsumo sobre las redes eléctricas reduce las pérdidas de red y minimiza el impacto de las líneas eléctricas en el entorno.
‐ No reduce los trámites administrativos para la implantación del autoconsumo.
Por todas estas razones, estas organizaciones empresariales de la Comunidad Valenciana reclaman al Gobierno Central:
‐ Que reconsidere con urgencia este Real Decreto, y legisle políticas energéticas a largo plazo no discriminatorias y económicamente viables para los ciudadanos como la Generación Distribuida y el Autoconsumo con Balance Neto.
‐ Que potencie las ventajas del autoconsumo como modalidad de abastecimiento, fuente de empleo, innovación, investigación y desarrollo, y como un factor más de eficiencia y competitividad para toda la industria y servicios.
‐ Que tome como referencia las actuaciones de los países vecinos con políticas muy favorables al desarrollo de este tipo de instalaciones porque son el futuro para un país como España que tanto depende de las importaciones de hidrocarburos.
‐ Que se establezcan cupos para las instalaciones de autoconsumo con balance neto en los próximos 5 años. Como resultado se obtendría una incidencia sobre la demanda eléctrica que no llega a superar nunca el 1%.
– Esto permitiría seguir avanzando tecnológicamente y obtener un balance socioeconómico muy positivo. Si la regulación del balance neto contemplara esta propuesta se crearían 5.000 empleos y entorno a los 1.147 millones de euros de negocio agregado, con un retorno al Estado de más de 260 millones euros y unas importaciones evitadas de crudo de alrededor de 72 millones de euros, aparte del ahorro en toneladas de CO2 emitido.
Por todos estos motivos, los responsables de las organizaciones empresariales de la Comunidad Valenciana han emplazado a los portavoces de Comprimís, PSPV y PPCV en Les Corts a que asuman sus alegaciones y las trasladen al Consell para que actúe como interlocutor ante el Gobierno Central, con vistas a una modificación de la propuesta de Real Decreto que evite la paralización del sector del Autoconsumo y la Generación Distribuida.
Máxime porque esta normativa afecta a todos los consumidores, los fabricantes de equipos, los instaladores eléctricos y empresas de servicios, que, en el ámbito nacional, agrupa a más de 16.000 empresas que emplean a 225.000 trabajadores, y que generaron un volumen de negocio superior a los 40.000 millones de euros en 2012.
